El Gobierno de Javier Milei busca desentramar un escándalo de corrupción que involucra directamente a Victoria Tolosa Paz durante su etapa como ministra. Luego de dar de baja a 12.425 cooperativas creadas durante la presidencia de Alberto Fernández, el Gobierno nacional trabaja en la presentación de una denuncia que apunta de lleno contra la exministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.Para avanzar en la investigación, la Justicia deberá cruzar los datos de los cheques emitidos por las cooperativas y sus supuestos ingresos. En ese punto, la AFIP y el Banco Central jugarán un papel fundamental para corroborar la posible emisión de facturas truchas impulsada por los exfuncionarios del Ministerio de Desarrollo Social.
La exministra Tolosa Paz es una de las principales apuntadas por haber pagado $650.000.000 a una cooperativa sin experiencia previa para la producción de 165.000 guardapolvos.
A partir de la auditoría que llevó adelante el gobierno de Javier Milei sobre los diferentes organismos del Estado, la administración libertaria anunció la suspensión provisoria de las cooperativas creadas durante la gestión anterior, ya que encontraron que el 72% no tenía balances ni asambleas de socios, el 22% duplicaba a sus asociados y el 20% repetía el correo electrónico personal.

La denuncia que prepara el Gobierno contra Victoria Tolosa Paz
Según reveló Noticias Argentinas, la administración de Javier Milei prepara denuncias penales contra aquellos involucrados en operaciones sospechosas. Son cada vez más lo indicios que dan cuenta de la falta de transparencia en la gestión pública y de las fallas en los mecanismos de control.
Durante la gestión de Tolosa Paz, la cartera de Desarrollo Social contrató a una cooperativa sin experiencia previa para la producción de 165.000 guardapolvos. Asimismo, la cooperativa en cuestión, llamada «15 de julio», habría subcontratado a otras dos cooperativas que facturaron más de $670.000.000. Sin embargo, aseguran haber entregado tan solo 4.500 guardapolvos.
Desde el Gobierno nacional están convencidos de que estas cooperativas y otras 40 más se utilizaban para facturar en el marco de un escandaloso entramado de corrupción que involucra a diferentes funcionarios de la gestión anterior.
Frente a esta situación, la Justicia será la que determine si realmente existió una asociación civil para girar fondos públicos a través de cooperativas fantasmas para enriquecer a funcionarios públicos o si se trató de un caso de corrupción aislado.

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