Desde este viernes 2 de enero, viajar en colectivo en la provincia de Buenos Aires es más caro.
El Ministerio de Transporte bonaerense, mediante la Resolución N° 81/25, aplicó una nueva actualización tarifaria para los servicios de transporte público automotor urbanos e interurbanos de media distancia que circulan en el AMBA, impactando de lleno en millones de usuarios que dependen a diario del sistema.
El aumento se justifica oficialmente bajo un “mecanismo de actualización” atado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Gran Buenos Aires, elaborado por el INDEC y correspondiente a noviembre de 2025. En los hechos, se trata de otro ajuste automático que traslada la inflación directamente al boleto, sin escalas ni amortiguadores sociales visibles.
Según el Gobierno provincial, la suba busca “garantizar la continuidad y regularidad del servicio”, “mejorar la calidad” y “preservar la prestación obligatoria del transporte”. Sin embargo, para los usuarios el resultado es siempre el mismo: viajar cuesta más, mientras la calidad sigue siendo una promesa repetida.
Colectivos llenos, frecuencias irregulares, unidades en mal estado y recorridos saturados conviven ahora con un boleto más caro, en un contexto donde los salarios corren muy por detrás de la inflación y el transporte se lleva una porción cada vez mayor del ingreso mensual.
El ajuste silencioso que no pasa por la Legislatura
El mecanismo dispuesto por la Resolución 81/25 permite que los aumentos se apliquen sin debate legislativo ni instancia de consulta real a los usuarios, amparados en fórmulas técnicas y resoluciones administrativas. Un esquema que, en la práctica, naturaliza los tarifazos y los vuelve periódicos.
Mientras el Gobierno bonaerense habla de “necesidades colectivas primordiales”, el peso del ajuste vuelve a caer sobre trabajadores, estudiantes y jubilados, que no tienen alternativa al transporte público y pagan el costo de una política que prioriza el equilibrio del sistema sobre el alivio social.
Transporte más caro en un contexto social crítico
El aumento llega además en un momento delicado: caída del consumo, pérdida del poder adquisitivo y creciente malestar social. En ese escenario, el transporte -lejos de ser protegido como un servicio esencial- se transforma en otra variable de ajuste.
Con este nuevo incremento, la Provincia refuerza un modelo en el que la inflación se indexa, pero los ingresos no, y donde el discurso de “mejorar el servicio” choca con la experiencia cotidiana de millones de pasajeros que viajan peor y pagan más.